“Cuando se van a cambiar las reglas del juego, algunos actores se  tienden a atemorizar”. Así responde el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, a las críticas que ha recibido el proyecto de Ley Ricarte Soto -que financiará terapias de alto costo- desde la industria farmacéutica,  asociaciones científicas y organizaciones de pacientes.  A la vez, la autoridad señaló a La Tercera que han existido “presiones indebidas” de laboratorios a una asesora clave de la cartera sanitaria.

Hay dudas de pacientes, industria y científicos sobre el funcionamiento del fondo y sus recursos…

Si se ve el universo de personas que podrían tener atención, efectivamente, se puede decir que se van a requerir más de $ 100 mil millones o alguna cifra intermedia. El tema es: debe haber una implementación gradual de un sistema porque, obviamente, esto no se puede convertir en un Transantiago, donde se hacen las cosas de un día para otro y sin estar los corredores ni las micros listas. Eso fue un aprendizaje en cuanto a políticas públicas, mientras que otros  proyectos implementados como un piloto, como el plan Auge o la Reforma Procesal Penal, fueron exitosos. Con la ley, tenemos que elaborar guías, protocolos, identificar a los prestadores y negociar precios de los fármacos. Es una labor progresiva y extensa.

¿Se aplazará la discusión? 

Tenemos toda la voluntad de que sea ley el 21 de mayo, para tener la claridad completa del marco, y luego avanzar con los reglamentos en áreas como la definición del umbral, el trabajo de los expertos, la comisión de vigilancia y el registro de las organizaciones de pacientes, entre otros.

¿Cuándo operará la norma? ¿Comenzarán con un plan piloto?

Estimamos que la elaboración de los reglamentos demora tres o cuatro meses y luego van a la Contraloría para la toma de razón. Allí no se pueden comprometer tiempos, pero seis meses después, la iniciativa debería estar lista. La gente va a tener la expectativa de que, al aprobarse la ley, se empezará a aplicar, pero mientras no esté el andamiaje, no sucederá. Por otra parte, hay que tomar la decisión de que, transitoriamente, como faculta la ley, se deben implementar tratamientos sin pasar por el proceso de evaluación. Mi intuición es que debiéramos tender a darle cobertura a terapias de alto costo que salvan vidas. Podrían ser leches especiales, que son muy caras para las familias.

“Intereses creados”

Usuarios, laboratorios y científicos tienen críticas comunes  ¿existe un frente organizado?

No puedo decir qué hay detrás de esa preocupación, en términos similares, de parte de los tres actores. Internacionalmente, está comprobado que la industria farmacéutica trata de influir y hacer presión a través de líderes de opinión y pacientes.

¿Eso lo ha visto en Chile?

Cuando la asesora  (Andrea Martones), que encabeza el equipo jurídico que lleva a adelante el proyecto de Ley Ricarte Soto, recibe un llamado de un headhunter (reclutador de altos ejecutivos) de parte de un laboratorio farmacéutico para ofrecerle la gerencia de acceso a medicamentos, ofertando varias veces más de lo que gana en el Ministerio de Salud, uno dice: bueno, si están dispuestos a ofrecer esto al Ministerio de Salud, qué estarán ofertando en otros lados. Vale la pena hacerse esa pregunta. Es evidente (que es una presión indebida). Ella no aceptó el cargo.

Se plantea que habrá un desincentivo a investigaciones clínicas.

Tiendo a pasar que las personas con intereses creados: económicos, personales o por la ciencia, cuando se van a cambiar las reglas del juego, se tienden a atemorizar. Cuando se habla de  diez años de responsabilidad en cuanto a pacientes, el proyecto se refiere a la responsabilidad por daños (tras los tratamientos).

Ellos dicen que no debe haber responsabilidad total en los ensayos.

Les sugeriría que vieran la Ley del Consumidor y vean cómo los tribunales tratan esta norma en la aplicación práctica. Un juez no aplica la misma asignación de responsabilidades a quienes han tenido un rol diferente en el proceso que generó daño de una persona.

¿Cuál es el umbral que define a una terapia como de alto costo?

Queremos que el umbral se especifique en un Decreto Supremo, pues da flexibilidad y no nos obligaría a modificar la ley. Podría ser un 40% del ingreso de una persona como gasto en tratamientos, como también 30%.

Los senadores oficialistas afirmaron que no apoyarán el proyecto tal como está, aunque sea un anuncio para el 21 de mayo.

Los proyectos de ley son complejos: uno siempre quisiera tener más tiempo. Pero también hay que sopesar que esto es una necesidad y que hemos tenido un trabajo prelegislativo con algunos de ellos.

Fuente: La Tercera