La Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile (CIF) y la Alianza de Pacientes, manifestaron su rechazo a las declaraciones del subsecretario Burrows “por cuanto ellas enturbian una discusión relevante para el país, los pacientes y no se ajustan al actuar de nuestra cámara en la discusión de esta iniciativa”.
La entidad -que agrupa a 17 laboratorios internacionales- señaló que ha planteado “transparentemente” su preocupación por la redacción del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en cuanto a los ensayos clínicos y en el punto referido a “la responsabilidad por daño causado en esas pruebas y la continuidad de tratamiento a los participantes de estas investigaciones”.
Sostuvieron que estos aspectos de la normativa “no dicen relación con la esencia de la iniciativa y podrían afectar seriamente la realización de ensayos clínicos en nuestro país, y con ello impedir que algunos pacientes puedan tener acceso temprano a drogas innovadoras” antes de su registro y distribución en Chile.
La CIF mantiene que estas disposiciones requieren un mayor análisis de todos los actores competentes y que ser tratadas en el contexto de una modificación de otra normativa: la Ley 20.120 sobre Investigaciones en Seres Humanos “y no con la premura que merece la ley sobre acceso a tratamientos de alto costo”.
También, tras las declaraciones de Burrows, Cecilia Rodríguez, vocera de la Alianza de los Pacientes, expresó que “vemos con tristeza sus dichos, porque piensa que los pacientes participan en este proceso debido a una relación con el sector privado”. Añadió que “nosotros hemos querido ser parte de la discusión de la ley y sabemos cómo mejorar la normativa desde la experiencia del dolor de haber padecido enfermedades graves”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Fulvio Rossi, sostuvo que el subsecretario de Salud, Jaime Burrows, debe denunciar ante la justicia las presuntas “presiones” de un laboratorio a una abogada la cartera, a quien se le ofreció la gerencia de una empresa en medio del debate por la Ley Ricarte Soto.
“Acá se constituye un soborno, un cohecho y el intento de ‘comprar’ a una funcionaria que toma decisiones trascendentes”, dijo el legislador. “Tenemos que saber cuál es el laboratorio”, acotó.
Al respecto, Jean Jacques Duhart, vicepresidente de la Cámara de Innovación Farmacéutica, dijo que “rechazamos esas insinuaciones (hechas por Burrows). Si tiene antecedentes, hay instancias donde se debe dar a conocer la situación”.
La cartera sanitaria bajó el perfil a los dichos del subsecretario. La ministra de Salud, Carmen Castillo, dijo que el ofrecimiento “no constituyó delito”, por lo que “no siguió un curso judicial”.
En tanto, Andrea Martones, abogada clave que redacta el proyecto de ley, rechazó hacer declaraciones sobre el hecho.
Fuente: CIF – La Tercera
