Durante la tarde de ayer, la Cámara del Senado aprobó, en general, el proyecto de ley que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo de diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de ser informado públicamente.

Según indican sus proponentes, los senadores Guido Girardi (PPD), Carolina Goic (DC), Francisco Chahuán (RN) y Rabindranath Quinteros (PS), el proyecto de ley nació tras el análisis que realizó la Superintendencia de Salud, donde se evidenció que un mismo examen puede tener una diferencia de hasta 12 veces del valor más bajo.

“El precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico realizados ambulatoriamente, de urgencia o electiva, tanto en horario hábil como inhábil, no podrá ser superior al 50% del valor asignado en el Arancel Modalidad Institucional de Fonasa. Por su parte, el precio de estas prestaciones realizadas en atención cerrada, tanto en horario hábil como inhábil, no podrá ser superior al 40% del referido arancel”, indica el artículo elaborado por comisión de Salud.

Oposición al proyecto

Pese a este argumento, el diario La Tercera publicó que la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), por medio de una minuta, hizo un llamado a rechazar el proyecto. Sin embargo, como fue aprobado, se solicitó que el plazo de indicaciones sea amplio, a efecto de poder construir acuerdos y presentar indicaciones.

Esta solicitud sería porque en el documento se da cuenta de que este proyecto debió ser considerado de quórum calificado, pues incide en “materias de orden público económico al establecer un mecanismo de regulación de precios”. Además, se argumenta que esta moción es “iniciativa exclusiva del presidente de la República por otorgarle facultades o competencias adicionales a Fonasa, lo que seri?a inadmisible”.

La minuta del Segpres sugiere que “lo u?nico razonable es avanzar en un mecanismo tipo observatorio de precios de exa?menes, cosa que algunas isapres ya han implementado. Aun asi?, esta indicacio?n tambie?n debiera venir patrocinada por el presidente de la Repu?blica, pues se designari?a alguna institucio?n para tales funciones y otorgar nuevas funciones a organismos pu?blicos es materia exclusiva del Poder Ejecutivo”.

Entro de sus argumentos para no estar a favor de este proyecto de ley, destacan que “las normas de regulacio?n de precios son normas que histo?ricamente han generado escasez, desabastecimiento e incluso, en algunas ocasiones, aparicio?n del mercado negro”, poniendo como ejemplo el caso de España.

La Asociación de Clínicas de Chile expuso a la comisión de Salud en distintas sesiones. Su vicepresidente ejecutivo, Javier Fuenzalida, explica que “los prestadores privados funcionan en un ambiente en el que existe una muy amplia oferta y también distintos costos de funcionamiento en las diversas clínicas, con diferentes costos de especialistas, distintos niveles de infraestructura, servicios, tecnología utilizada y condiciones en las que se otorgan las prestaciones”.

Ante esto, indica que como asociación “no creemos conveniente un sistema donde debamos operar con precios fijados en una banda, ya que ello podría ir en desmedro de los propios pacientes. Algunos prestadores pueden verse obligados a dejar de ofrecer la prestación, ya que no cubren sus costos de operación, o tener que optar por tecnología o equipos de menor nivel”.

El proyecto de ley fue de vuelto a la Comisión de Salud para elaborar un segundo informe, fijándose plazo para presentar indicaciones, hasta el 30 de julio próximo.