El Ministerio de Salud junto a la Sociedad Chilena de Medicina y Cirugía Estética (Sochimce), dio inicio al proceso de discusión técnica que tendrá como objetivo establecer cuáles son las brechas nacionales en la regulación de la medicina y cirugía estética profesional.

En el encuentro también participaron distintas asociaciones técnicas y gremiales como el Colegio Médico, el Colegio Odontólogo, la Sociedad de Cirugía Maxilofacial, la Sociedad de Cirugía Plástica y la Sociedad de Dermatología.

El Dr. Jorge Diaz, médico cirujano y presidente de la Sochimce, valoró la oportunidad de abrir un debate técnico e incluir a los profesionales que se dedican a esta área de la salud.

“Es fundamental garantizar a los pacientes la seguridad de la atención por parte de los prestadores individuales en lo referente a sus competencias y capacidades técnicas en los procedimientos que realizan y en los recintos donde se llevan a cabo”, destacó el profesional.

“Es por esto que proponemos un registro nacional de competencias donde los profesionales acrediten que están capacitados para realizar de manera específica cada procedimiento; y un segundo registro donde la ciudadanía de manera sencilla obtenga la información de la autorización sanitaria de los recintos donde se realizara la prestación”, planteó.

Mayor fiscalización

Otros puntos que se abordaron en la reunión fue la necesidad de fortalecer la acreditación y/o fiscalización de las autorizaciones sanitarias en el funcionamiento de los locales, centros o clínicas en donde se realizan los diferentes procedimientos, con el objetivo de eliminar las clínicas clandestinas.

“Como gremio, propusimos revisar el decreto que regula el funcionamiento de las salas de procedimientos y los pabellones de cirugía menor. Es fundamental que éste pueda adecuarse con una norma específica para todo lo referente al ejercicio de la cirugía y la medicina estética”, indicó el Dr. Diaz.

Registro nacional de clínicas

El presidente de la Sochimce también propuso crear un registro nacional de clínicas y centros con autorización sanitaria, ya que “es más efectivo dotar a las personas de la educación e información necesarias para que cuenten con las herramientas que les permitan convertirse ellos mismos en los principales fiscalizadores, tomen decisiones conscientes y así puedan elegir al profesional y el centro donde van a atenderse de manera segura”.

Durante la actividad se profundizó en fortalecer la fiscalización publica y aumentar las penas al ejercicio ilegal de la profesión y las clínicas clandestinas que afectan la seguridad de los pacientes, en algunos casos incluso con resultado de muerte.

Durante diciembre y enero, las distintas organizaciones trabajarán en un documento de consenso que servirá de insumo al Minsal para establecer los límites y evaluar las brechas de la regulación de esta actividad.