Directo a la Cámara de Diputadas y Diputados se dirige el proyecto que crea la ley de fibromialgia y el dolor crónico no oncológico, luego que la Sala del Senado aprobara en particular la iniciativa por unanimidad.

Con organizaciones de pacientes en las tribunas y enfatizando la representación de éstos en regiones, los senadores valoraron la propuesta como un sistema de cuidados integral para más de 400 mil personas -la mayoría de ellas mujeres- que padecen una serie de síntomas que les dificulta su diagnóstico.

En el debate en particular desarrollado en la Comisión de Salud, se aprobó la única indicación presentada por el senador Alejandro Kusanovic, quien propuso un numeral nuevo al artículo 2 estableciendo el derecho a una atención preferente a estos pacientes por cualquier prestador de salud.

El proyecto

La iniciativa tuvo su origen en una moción de diputados, entre los que se cuenta el actual senador Karim Bianchi.

El sentido de esta legislación es promover y garantizar el cuidado integral de la salud de las personas con fibromialgia y dolores crónicos no oncológicos en búsqueda de mejorar su calidad de vida, independiente del régimen previsional o sistema de salud del cual formen parte o de las acciones en salud para el alivio o manejo del dolor que dichos pacientes requieran.

De esta forma, los pacientes tendrán derecho a una atención preferente y oportuna por cualquier prestador de acciones de salud, y a tener un diagnóstico temprano y oportuno a través de una evaluación médica precisa y accesible.

Asimismo, se plantea que éstos deberán contar con los cuidados necesarios para favorecer el resguardo de su salud mental y física, por ello el Estado propiciará el acceso a medicamentos, fitofármacos, tratamientos, terapias físicas y psicológicas, rehabilitación, medicinas y fitoterapias complementarias y ayudas técnicas de manera oportuna y eficaz, considerando la edad y diagnóstico.

Respecto de las licencias médicas que se otorguen por fibromialgia o por dolores crónicos no oncológicos, el proyecto asegura que no podrán rechazarse por su solo diagnóstico, ni sujetarse a un procedimiento especial, particular o discriminatorio que afecte el normal proceso de tramitación.