Ministerio de Salud denuncia “presión indebida” de laboratorios por Ley Ricarte Soto

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En el marco del debate en el Congreso del proyecto de Ley Ricarte Soto, que financiará medicamentos, alimentos y dispositivos de alto costo para las familias, el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, dio a conocer que su asesora principal que redacta la iniciativa, le ofrecieron un puesto de gerente en un laboratorio, el doble de sueldo y un automóvil nuevo.

Se trata de Andrea Martones, abogada especialista en salud que desde 2014, elaboró  junto a un equipo jurídico las bases del proyecto Ricarte Soto, el que –se espera- sea aprobado el 21 de mayo como anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet.

Pacientes, laboratorios y científicos se oponen al proyecto, quieren aplazarlo y que se extienda el debate.

¿Cómo ve la coincidencia de todos actores en este debate?
-No puedo decir qué hay detrás de esta preocupación. Pero, conociendo la experiencia internacional como la del “Obama Care” (plan de salud en Estados Unidos), está comprobado que la industria farmacéutica trata de influir y hacer presión a través de líderes de opinión que son del mundo académico y de pacientes.

¿Qué ha visto usted en Chile al respecto?
Cuando la asesora jurídica que está encabezando el equipo jurídico que lleva a adelante el proyecto de Ley Ricarte Soto, recibe un llamado de un headhunter (reclutador de altos ejecutivos) de parte de un laboratorio farmacéutico para ofrecerle la gerencia de acceso a medicamentos, ofreciéndole varias veces más de lo que gana en el ministerio de Salud, uno dice, bueno, si están dispuestos a ofrecer esto al Ministerio de Salud, qué estarán ofertando en otros lados. Es una pregunta que vale la pena hacerse.

¿Considera que esto es una presión indebida al ministerio?
Es evidente. Ella no aceptó el cargo.

¿Usted llamó a la industria para que esto no ocurra?
No. El headhunter dijo que era un laboratorio. No se reveló el nombre.

El subsecretario Burrows comentó, además, que esta semana continuará la discusión en el Senado sobre las dudas por parte de los parlamentarios y los beneficiarios en torno a la implementación de la norma.

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