En mayo del presente año, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres) informó que no existen recursos para agregar nuevas patologías al sistema de cobertura de la Ley Ricarte Soto. Ante esto, la Comisión de Salud del Senado recibió esta mañana a los representantes de la sociedad civil en la Comisión de Vigilancia y Control de la ley.
“El 13 de mayo de este año recibimos el primer aviso de la Oficina de Coordinación del Ministerio de Salud de que había una resolución de la Dipres que dice no habría holgura presupuestaria para la incorporación de nuevos tratamientos en el próximo decreto de la Ley Ricarte Soto”, explicó la presidenta de la Comisión de Vigilancia y Control de la Ley Ricarte Soto, Camila Quirland.
Actualmente, la Ley Ricarte Soto (promulgada en junio de 2015) cubre 27 problemas de salud asociadas a 59 tecnologías sanitarias, como medicamentos, dispositivos, diagnósticos y alimentos, con 20.575 beneficiarios.
Quirland explicó en la sala que, por un quinto decreto, se debería haber incorporado nuevas garantías para el periodo 2022-2025, pero esta cuenta con un retraso de 14 meses. “Efectivamente, el 29 de abril, Dipres informó al Minsal a través de un ordinario que para el decreto en vigencia no se cumplía la sustentabilidad financiera en todo el período de protección, quedando sin fondo para dar cobertura a las garantías vigentes en 2028”, precisó.
El 19 de julio de 2021 se inició la evaluación científica de la evidencia para los diagnósticos o tratamientos asociados a distintas condiciones de salud. Junto a esto, se estableció que solo se permite la continuación de los tratamientos incluidos en el segundo decreto de 2019. Es decir, no hay recursos para la incorporación de nuevas patologías, pese a que hay 7.778 solicitudes, emanadas de agrupaciones de pacientes y sociedades científicas.
“La expectativa ya está hecha. Los pacientes ya se alinearon. La sociedad civil ya se alineó, participó en el proceso y presentó acorde a la ley sus solicitudes de evaluación. Lo que nos estamos encontrando en este momento es que no habría recursos disponibles», indicó Quirland.
Ante lo expresado por la representante de la Comisión de Vigilancia y Control de la ley, el senador y presidente de la comisión, Rabindranath Quinteros, manifestó comprender la molestia “porque cuando se dijo que se terminaban las completadas se suponía que a esta altura de la vida tendríamos una salud pública de verdad, una salud pública que fuese un derecho. Desgraciadamente, eso no ha ocurrido”.
En la presentación, se comentó que es inaceptable que, a 7 años del inicio de la ley, se haya quedado sin recursos, por lo que se pidió una urgente reforma al sistema de salud con un sistema único universal, con procesos de priorización que convivan entre los tres regímenes de aseguramiento que actualmente funcionan en forma separada (Ley Ricarte Soto, GES y Régimen de Prestaciones del Sistema de Salud Público), además de una política de fijación y negociación de precios.
“Se tiene que clarificar cuánto se ha usado en los años que lleva vigente la Ley Ricarte Soto y cuál es el porcentaje de los 100.000 millones que se ha utilizado. Con los antecedentes que tenemos, no llegamos al 80% del fondo que establece la ley”, indicó la senadora Carolina Goic.
Ante esto, se acordó oficiar a los Ministerios de Salud y de Hacienda, con el objeto de conocer el porcentaje de recursos que se ha utilizado en los años de vigencia de la Ley Ricarte Soto. La parlamentaria respaldó además que los recursos se tienen que incrementar inmediatamente, y que debe ser un tema que tiene que tratarse previo a la discusión de la Ley de Presupuesto.
