La necesidad de avanzar en Chile hacia un sistema de mayor cobertura de medicamentos para tratamientos oncológicos de alto costo fue parte de las conclusiones del seminario de Fundación Cáncer Vida “Acceso a Tratamientos de Alto Costo en Cáncer: experiencia local (Uruguay/Chile)”, a la luz de la exitosa experiencia de Uruguay presentada por el doctor Alarico Rodríguez, Coordinador del Gabinete Social del Gobierno de Canelones en Uruguay y exdirector del Fondo Nacional de Recursos de ese país. En el caso de Chile participó el doctor Dino Sepúlveda, jefe del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en Evidencia del Ministerio de Salud y moderó el panel el doctor Manuel Espinoza, epidemiólogo, economista de la salud y experto en evaluación económica de las tecnologías sanitarias.

Durante el encuentro, el doctor Rodríguez explicó que Uruguay cuenta con procedimientos garantizados (cirugías, trasplantes, estudios) para distintas áreas terapéuticas, a diferencia de Chile que son patologías, y el 18% del gasto anual en ese país corresponde a medicamentos de alto costo. Las principales características de su sistema de salud son: cobertura universal con aseguramiento de equidad en el acceso; seguimiento y monitoreo del nivel de calidad; evaluación de resultados; una normativa de cobertura basada en la evidencia científica; un sistema de autorización porque cada indicación a cada paciente debe ser autorizada por parte del Fondo Nacional de Recursos que se hace previo a la prestación de la atención. Además, se realiza un estudio de costos previo a cada inclusión de cobertura y facilidades de negociación para la compra y programas de control de factores de riesgo para las coberturas.

Una de las primeras experiencias de Uruguay en el financiamiento de medicamentos de alto costo para cáncer fueron los acuerdos basados en resultados con la industria para Leucemia Mieloide Crónica (Imatinib) y Linfomas No Hodgkin (Rituximab). “Los dos laboratorios fueron proclives a un acuerdo basado en resultados financieros de tipo precio-volumen. Comenzamos la cobertura y fue un resultado de ganar-ganar desde la perspectiva del financiador en cuanto al costo-efectividad porque se pasó de realizar cinco trasplantes alogénicos por año en LMC a menos de uno por año en un periodo de 10 años”, sostuvo.

Tras ello, se incorporaron otras patologías que se financiaron principalmente a través de acuerdos de riesgo compartido como cáncer de hígado, de mama, riñón, colorrectal, próstata, pulmón, mieloma múltiple, melanoma cutáneo, tumores estromales gastrointestinales, además de otras patologías no oncológicas. “Esos acuerdos de riesgo compartido nos permitieron una estabilidad presupuestaria en los últimos 10 años en el gasto en medicamentos, mientras la canasta se amplió y los pacientes también”, expresó.

Los contratos o acuerdos de riesgo compartido condicionan el pago a la compañía farmacéutica dependiendo de si el paciente tratado con su fármaco es curado con éxito. Los primeros ejemplos en Uruguay de este tipo de acuerdos basados en resultados clínicos se dieron con Iloprost para el tratamiento de la Hipertensión Pulmonar y Erlotinib para el tratamiento del cáncer de pulmón. En el primer caso, se estima que el paciente se nebuliza no más de 4,5 por día. Se acordó que el Fondo Nacional de Recursos financia 3 nebulizaciones por día y el laboratorio brinda la cuarta, quinta o sexta como “free goods”. Si el paciente necesita más de 7 nebulizaciones, la paga el Fondo Nacional de Recursos. En el caso del cáncer de pulmón, el promedio de los pacientes tiene una sobrevida de 12 meses luego de iniciado el tratamiento. Las dosis posteriores a los 12 meses son de cargo del laboratorio.

AVANCES EN CHILE

En Chile, Dino Sepúlveda comentó que hay varios tipos de cobertura para patologías como Ley Ricarte Soto, el GES y CAEC, entre otros. Específicamente para los medicamentos de alto costo oncológicos existe el programa DAC que es un fondo que se destina para los beneficiarios de Fonasa y que está contemplado en la Ley de Presupuestos.

Para que un fármaco cuente con cobertura en este programa se requiere: un beneficio demostrado y con relevancia clínica para los pacientes; en general se destina a tumores sólidos, hematológicos y pediátricos. Uno de los principios es que la incorporación de los medicamentos se hará de forma progresiva para contar con nuevas alternativas; habrá acuerdos de precio a nivel central del Ministerio de Salud para lograr menores valores y con incentivos a la disminución y control de precios. Además, la definición y compra centralizada se hará por parte de Cenabast que facilitará la gestión logística; la sola aprobación de un fármaco por parte de un profesional de la salud para comercialización no se considera como evidencia relevante de beneficio para cobertura y el beneficio que se considera clínicamente relevante tiene que ver con la sobrevida global o calidad de vida y con certeza de la evidencia demostrada.

Un factor importante que se debe considerar también es el alto precio de los fármacos, dijo Sepúlveda, porque su inclusión a cobertura está relacionada con el presupuesto. “Debemos avanzar para hacer sustentable el sistema de salud buscando medicamentos con beneficios claros y que sean asequibles.  Esto no es algo que sea sólo un problema de los países en desarrollo, también hay países ricos que se enfrentan a este problema y probablemente hay una conversación global que se debe tener en relación con los precios de los medicamentos en particular”, manifestó.

Junto con ello, planteó entre otros, que a futuro “es incierto si el DAC seguirá existiendo como tal o será traspasado a algún plan ampliado de beneficios y la necesidad de incorporar mecanismos innovadores de compra y pago, como los de Uruguay son instrumentos muy interesantes para nosotros, pero tenemos ciertas restricciones porque nuestra Ley de Compras está destinada a la compra de otros elementos como automóviles, impresoras. En el caso de los medicamentos, no tenemos claridad que tengamos siempre la misma efectividad, existe una expectativa sobre ese resultado y esa incertidumbre tenemos que distribuirla entre quien compra y quien vende y para eso, tenemos que modificar la Ley de Compras para avanzar en ese sentido”.