La investigación, enmarcada en un proyecto Fondecyt Regular 2020, abordó las barreras que deben enfrentar las mujeres que requieren interrupción voluntaria del embarazo por tres causales desde su aplicación en el país. Estos resultados preliminares fueron presentados en un seminario que realizó el 26 de noviembre de 2021.

Para recopilar la información, el equipo investigador solicitó antecedentes sobre la objeción de conciencia al Ministerio de Salud y, de forma directa, a las instituciones de salud públicas de todo el país. “La literatura dice que en la implementación de la ley la objeción de conciencia es la principal barrera con la que se enfrentan las usuarias”, explicó la doctora Adela Montero, directora del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente de la U. de Chile y líder del proyecto.

De esta forma, recopilaron información de 57 hospitales públicos, con un total de 4.378 funcionarios que podrían objetar en conciencia. “La ley permite que lo haga el médico o médica requerido/a para realizar el procedimiento y el personal sanitario que se desempeñe al interior del pabellón”, detalló la investigadora. De los antecedentes recopilados, del total de contratados, el 12,7% objeta en la primera causal, como es peligro de vida de la madre; el 17% en la segunda, o inviabilidad fetal de carácter letal, y un 25,7% en la tercera, es decir embarazo por violación. Si solo se analizan los datos de los profesionales ginecoobstetras, el 19% objeta en la primera causal, el 27,6% en la segunda, y el 49% en la tercera.

De la información recibida, Montero especifica que “21 nos dieron datos anonimizados y desagregados respecto de los objetores, tales como rango de edad, género y nacionalidad, los cuales se detallan en el formulario cuando una persona se declara como objetora de conciencia. Lo que encontramos fue que en esos 21 hospitales públicos hay 443 objetores de conciencia en total; el 54% objeta en primera causal, el 68% en la segunda y el 94% en la tercera. El 49,9% objeta en todas las causales”.

Lo llamativo, añade la especialista, es que del total de objetores el 63,8% son mujeres. “Entre los médicos ginecoobstetras el 38% son mujeres y el 62% hombres, así como entre los anestesistas el 43% son mujeres y el 56% hombres; es decir, los profesionales médicos corresponden en mayor proporción al género masculino. Pero esto cambia entre profesionales no médicos, porque allí el 88% son mujeres; y entre los Técnicos de Enfermería de Nivel Superior, el 95% son mujeres y sólo el 4% hombres. Sin duda hay profesiones más feminizadas; sin embargo, respecto del género, se podría esperar que en ellas hubiera menor proporción de objetores, pero los datos no permiten deducir eso”.

Mujeres esperando por un aborto

Dentro de la investigación, se corroboró que del total de casos de aborto que se esperaba en la implementación de la ley, este ha sido menor. De 2.500 casos anuales en todas las causales, y que la mayoría fueran por la tercera, “pero en el período 2018 y 2020, de los datos que nosotros obtuvimos contabilizamos un total de 2.207 casos”.

Con estas cifras, las investigadoras tienen la hipótesis que las mujeres no están llegando a abortar por las limitaciones y barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales. “Por ejemplo, en otro estudio en el que estoy participando, nos hemos dado cuenta que en la atención primaria no se pesquisa violencia, sobre todo cuando es al interior de la pareja. Lo otro, específicamente respecto de la tercera causal, es que las mujeres probablemente no la consignan por temor al estigma, a que duden de ellas y su relato, a tener que contar la violación, por lo que también es una barrera que actuaría como elemento disuasivo para concurrir a los servicios de salud”.

Respecto a las posibilidades barajadas, la académica de la Universidad de Chile declara que “el riesgo cuando hay barreras o no se hace seguimiento para ver cómo está funcionando la implementación de la ley, es que la mujer que no tenga acceso garantizado probablemente va a interrumpir el embarazo en condiciones inseguras”.

En ese mismo sentido, la doctora Montero recuerda con cierta ironía que “cuando se estaba haciendo el debate respecto de esta ley dijeron que iban a haber filas de mujeres esperando abortar por violación, nos trataron de que íbamos a usar la interrupción voluntaria del embarazo como método anticonceptivo: estas cifras demuestran todo lo contrario, lo equivocados que estaban quienes nos estigmatizaron. Y que las mujeres no están teniendo acceso, tal como señala la literatura, por temor al estigma, el miedo a ser juzgadas, la vergüenza, la culpa, porque no es fácil revelar el contexto de una violación, sobre todo en las menores de edad”.

La importancia del factor pobreza

El estudio muestra que de las 2.207 mujeres que pudieron acceder a la constitución de cualquiera de las tres casuales entre 2018 y 2020, el equipo investigador pudo obtener la variable edad para 2.189 de ellas. Así, detectaron que 161 mujeres tenían menos de 18 años y 2.028 eran mayores de edad. En las 2.189 mujeres, 682 correspondían a la primera causal; 1.093 a la segunda, y 414 en la tercera.

La doctora Montero añade que entre las 414 mujeres con embarazo por violación durante los tres años estudiados, el 15% tenía menos de 14 años (64 niñas); el 16% tenían entre 14 y 17 años (67 adolescentes) y el 68% tenían 18 y más años.

“Además, pudimos detectar que entre las menores de 14 años, el 7,8% son migrantes; el 36% viven en la zona centro y sólo un 11% reside en la Región Metropolitana. El 98% está en Fonasa y, de ellas, casi un 60% en el nivel A de este sistema”. Estas mismas variables arrojan que entre las 67 menores de 14 a 17 años el 11,9% son migrantes, casi un 41% vive en la Región Metropolitana, el 91% está en Fonasa y el 59% de ellas en el nivel A. En las 283 mujeres sobre los 18 años, el 26,7% son migrantes, el 47% vive en la Región Metropolitana, el 86% está en Fonasa y 38% en nivel A. Incluso hicimos el cálculo según el nivel de pobreza multidimensional por comuna y nos encontramos que las adolescentes presentaban un mayor indicador de esta vulnerabilidad respecto de las mayores de 18”.

La doctora Adela Montero cuenta que estos datos están en vías de publicación y que el estudio prosigue, actualmente están en la etapa de captura de la información cualitativa, mediante entrevistas a actores relevantes como directivos de recintos asistenciales secundarios y terciarios así como a integrantes de sus equipos de salud, como médicos, matronas, enfermeras y técnicos, además de actores de la sociedad civil. “Pero también a los integrantes de la dupla psicosocial que realizan acompañamiento cuando una mujer solicita la interrupción del embarazo y que está conformada por un/a asistente social y psicólogo/a; nos hemos dado cuenta que son el motor fundamental para la implementación de esta ley, porque son quienes acogen a las mujeres, realizan el acompañamiento y demuestran que la mirada psicosocial es indispensable en la atención gineco obstétrica en todos los servicios de salud”.

El equipo investigador de dicho proyecto está compuesto, además, por las profesoras Mirliana Ramírez, del Departamento de Enfermería –en calidad de coinvestigadora-; Lidia Casas, como parte del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, que es institución asociada; la doctora Paz Robledo, pediatra con formación en políticas públicas que contribuyó a la redacción del reglamento de acompañamiento que implementa la ley 21.030 o de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales y Lieta Vivaldi, abogada de la Universidad de Chile y académica de la Universidad Alberto Hurtado .