Representantes de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control (CCVC) de la Ley Ricarte Soto llegaron hasta el Ministerio de Salud para hacer entrega del segundo informe de la comisión, que contiene las observaciones y recomendaciones para contribuir a las mejoras de esta política sanitaria, correspondientes al período 2023.
Este segundo informe estuvo enfocado en hacer seguimiento a las recomendaciones presentadas en el informe 2021 – 2022 y a identificar nuevas brechas en el funcionamiento del Sistema de Protección Financiera (SPF).
En la ocasión, la dra. María Inés Romero, especialista en Salud Pública y miembro de la CCVC de la Ley Ricarte Soto, expresó que “mantengo el compromiso porque me parece trascendental poder apoyar tratamientos de altísimo costo de enfermedades raras y poco frecuentes. Tenemos un compromiso técnico, ético y de afecto con los pacientes y sus familias, porque esto no afecta solo a una persona, sino que tiene un impacto para toda la sociedad”.
Por su parte, Felipe Tapia, representante de las organizaciones de pacientes de la comisión, indicó que “nuestro deber es hacer un informe anual acerca de cómo ha funcionado la ley y cómo se ha transparentado el servicio de este proceso en el transcurso del año. Este segundo informe es para que el Estado tenga información de cómo ha funcionado la ley, sus problemas y beneficios”.
Además, agregó que contiene “recomendaciones y mejoras en los procesos de funcionamiento de la ley en sí misma”. “Este acto administrativo nos permite abrir el informe a la comunidad y que todos puedan ver lo que está pasando. Se ha construido por diferentes grupos de la sociedad civil, como académicos, doctores y pacientes, y el Ministerio de Salud, lo que implica el nivel de transparencia del informe y cómo ha ido mejorando la relación entre la atención de la Ley Ricarte Soto y los pacientes”, señaló.
