Ayer en la Cámara de Diputados se votó la iniciativa que solicitará al presidente Sebastián Piñera, a través de un Proyecto de Resolución, que la obesidad sea considerada como una enfermedad crónica cuya prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, deben recibir cobertura financiera por parte del Estado e instituciones de salud previsional.
“Ello es de suma relevancia dado que en el año 2013, a través de la Resolución exenta N°374 del Minsal se reconoce a la obesidad como una enfermedad no transmisible derivada de hábitos y estilos de vida no saludables. Sin embargo, el enfoque que ha tenido hasta hoy ha sido desde la prevención, a través de la Secretaría Elige Vivir Sano. A 8 años de esta resolución, las cifras en el país han aumentado exponencialmente, dado que el 75% de los chilenos adultos padecen de sobrepeso u obesidad y 1 de cada 3, francamente obesidad en sus distintos grados, siendo el segundo país de la OCDE en liderar estas cifras. En consecuencia la obesidad debe ser considerada una enfermedad, que garantice en el sistema de salud un tratamiento integral y a largo plazo”, afirma Soraya Flores Araya, presidenta de la ONG 300 Mil Mórbidos.
La iniciativa liderada entre otros por el parlamentario, Gonzalo Fuenzalida Figueroa se fundamenta principalmente en los datos recogidos por la última Encuesta Nacional de Salud, realizada por el Ministerio de Salud el 2017. Esta constató que un 39.8% de la población tiene sobrepeso; un 31.2% tiene obesidad y un 3.2% tiene obesidad mórbida. Es decir, casi tres de cada cuatro chilenos presentan algún grado de malnutrición por exceso, cifra que aumentó diez puntos porcentuales desde 2010, cuando se registró una prevalencia de 64.4%, a pesar de las políticas de prevención implementadas.
Por otro lado, el Informe Mapa Nutricional 2019 de la JUNAEB, que contiene datos sobre estado nutricional de todos los niveles educativos, constató que un 52% de las(os) escolares tiene sobrepeso u obesidad. Un grupo crítico son las(os) estudiantes de 5o básico, donde el 60% presenta algún grado de malnutrición por exceso, niños que evolucionarán con obesidad en la adultez.
Por su parte, el Dr. Patricio Lamoza, miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica, enfatizó que: “es de suma urgencia este Proyecto de Resolución, en pro que la obesidad sea considerada como una enfermedad crónica dado que las principales consecuencias de la obesidad destacan el aumento de la mortalidad entre quienes la padecen, dentro de las principales causas de muerte están las cardiovasculares (principal causa de mortalidad en Chile) y varios tipos de cáncer.
Junto con lo anterior se observa un aumento y agravamiento de las enfermedades crónicas como diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. La obesidad es un factor de riesgo para el cáncer, aumentando el riesgo en más del doble para cáncer de endometrio, estómago, hígado, colon, riñón y de cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas. Además de agravar enfermedades musculoesqueléticas; especialmente osteoartritis y artrosis de resolución quirúrgica. A todo ello debemos agregar otras alteraciones que disminuyen el bienestar y la calidad de vida de quienes la padecen, como el dolor corporal y deterioro del funcionamiento físico. No menos significativos son los efectos psicosociales, ya que se trata de una enfermedad muy estigmatizada. Diferentes estudios comprueban que cerca del 20% de las personas con obesidad leve experimentaron estigma, cifra que alcanza a 38% para las personas con obesidad severa o mórbida. Ello se asocia con importantes consecuencias fisiológicas y psicológicas, que incluyen un aumento de la depresión; angustia y ansiedad; y una disminución de la autoestima y calidad de vida”.
A su vez la obesidad constituye un importante factor de riesgo de complicaciones en casos de COVID-19. Un estudio publicado en agosto pasado por Obesity Reviews analizó datos de 399 mil pacientes, observando que las personas obesas que contrajeron esta enfermedad tenían un 113 por ciento más de probabilidades de terminar hospitalizados; un 74 por ciento más de probabilidades de ser ingresadas en la UCI; y un 48 por ciento más de probabilidades de morir, comparado con pacientes COVID-19 sin obesidad, situación similar a lo observado en nuestro país.
Por ello, los parlamentarios llaman al presidente a que reconozca a la obesidad como una enfermedad crónica cuya prevención; diagnóstico, tratamiento y seguimiento, debe recibir cobertura financiera por parte del Estado e Instituciones de Salud Previsional, facilitando el acceso de la población a una adecuada atención de salud (consultas; exámenes; fármacos e insumos; procedimientos quirúrgicos; días cama; y controles); y encomendando al Ministerio de Hacienda analizar la viabilidad de destinar los recursos necesarios.
