Durante septiembre la nueva directiva de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS A.G.) eligió a su nuevo presidente, el empresario Juan Ignacio Olivos, para conducir los desafíos que tiene esta agrupación compuesta por 43 empresas proveedoras de dispositivos médicos.

El trabajo que tiene por delante APIS no es menor, puesto que, como todos los actores de la salud, se vieron en la obligación de enfrentar la pandemia desde su posición como proveedores, tanto desde su propio cuidado, como el brindar y garantizar al sistema sanitario un servicio que estuviera al estándar de las necesidades surgidas durante la crisis sanitaria.

“A muchos de nuestros asociados les correspondió desempañar un rol protagónico desde el inicio de la pandemia. Debimos reaccionar rápida y creativamente a las necesidades manifestadas por la autoridad sanitaria, poniendo toda nuestra energía y talento como empresas proveedoras, al servicio del sistema de salud integrado del país”, apunta el también gerente general de Promedon Chile S.A. y agrega que “nuestra industria respondió, y sigue haciéndolo, de manera sobresaliente ante la emergencia”.

¿Qué significa para usted asumir la presidencia de APIS?

Es un enorme desafío que asumimos por los próximos dos años junto a la mesa directiva que encabezo. Creemos que el sector de dispositivos médicos juega un rol clave en el sistema sanitario chileno y así quedó demostrado durante la pandemia. Por ello, uno de nuestros objetivos es seguir dando a conocer, a nivel de las autoridades, profesionales de la salud y pacientes, la importancia que tiene nuestra industria.

¿Qué gestión espera desarrollar y/o avanzar durante su periodo?

Son varios temas en los que nos hemos comprometido a trabajar, tales como: políticas públicas, compliance, crecer en número de asociados, comunicaciones, etc.

Entre los objetivos para los próximos dos años destacan que la industria siga avanzando en el cumplimiento de los más altos estándares éticos y de calidad, observando la legalidad y el cuidado del medio ambiente.

Asimismo, se apuntará a aumentar el número de socios; desarrollar más y mejores beneficios para las empresas socias; seguir defendiendo el derecho al pago oportuno y velar por el cumplimiento de esto; e impulsar el concepto de economía circular, buscando las herramientas que permitan a empresas de todos los tamaños dar cumplimiento normativo y aportar al medio ambiente activamente, entre otros.

También se mantendrán las gestiones, a nivel de autoridades de gobierno y Congreso, para dar a conocer la opinión del gremio en temas son clave como los proyectos de ley Fármacos II y de Modernización de Compras Públicas.

¿Cuáles fueron las principales preocupaciones del sector de dispositivos médicos durante la pandemia?

Como a todos los sectores de la actividad económica del país, nos tocó enfrentarnos de manera muy sorpresiva a tiempos de mucha incertidumbre. Como empresarios debimos prepararnos para vivir tiempos difíciles, sin saber muy bien como serían ni cuanto durarían. Creo que fue una prueba que, en la inmensa mayoría de los casos, logramos superar muy satisfactoriamente.

Ha sido una experiencia muy desafiante para todo el sistema de salud del país, para los profesionales de la salud, y evidentemente también para nosotros los proveedores, aunque esto puede no haber sido visibilizado por la comunidad y las autoridades. Nuestros colaboradores nunca dejaron de trabajar. Nuestras empresas no cerraron ni siquiera en los inicios de la pandemia, cuando nadie en el mundo sabía realmente a que nos enfrentábamos. Vaya nuestro reconocimiento para los más de 4.000 colaboradores repartidos por todo el país. En resumen, ha sido un gran desempeño.

En la misma línea, ¿qué desafíos se vienen para el sector?

Nuestra asociación gremial ha tenido desafíos permanentemente desde su creación en el año 2015, etapa en la cual me correspondió también ser parte del directorio por tres años. Ahora que he vuelto, veo una APIS mucho mejor preparada, con mucho más conocimiento del que teníamos cuando partimos para desempeñar nuestro rol, y también veo a APIS mucho mejor posicionada en el ámbito público de lo que estábamos al inicio.

Hoy estamos enfrentados a muchos desafíos en los que venimos trabajando desde hace tiempo, pudiendo dar nuestras opiniones ante diferentes autoridades y seguiremos haciéndolo. Sabemos que hay cosas en las que deberemos seguir insistiendo a medida que avanzan las discusiones de las leyes, o dictación de reglamentos. Nuestra actividad es esencial para el funcionamiento del sistema de salud y nuestro rol como AG es que nuestra opinión sea escuchada.

Pero hay otros temas que como asociación nos preocupan y tienen que ver con la capacitación de los colaboradores de nuestros asociados, el rol de nuestras empresas ante la comunidad y el cumplimiento (compliance) de las normas legales y éticas en el actuar de nuestro sector.

Trabajaremos, como ha sido siempre, con las autoridades del Estado de manera permanente y colaborativa. Creemos que una actividad tan sensible como la salud debe tener políticas más estables y con mirada de largo plazo y no debe ser muy diferente en el tiempo, independiente de quien gobierne.

¿Cuál es la postura de APIS frente a la Ley de Fármacos II?

Primero es importante decir que APIS está a favor de una buena regulación. Así lo hemos manifestado públicamente. Sin embargo, la regulación que se está aprobando en la Ley de Fármacos II, tal como está redactada hoy, podría traer -por circunstancias ajenas a la voluntad de nuestro sector-, eventualmente, una serie de complicaciones a la cadena de abastecimiento del sistema de salud de Chile. Estos potenciales efectos, donde nos ha sido posible, los hemos hecho saber a las autoridades.

Existen aproximadamente 250.000 dispositivos médicos disponibles hoy en el país. Si estos deben ser regulados, tiene que haber un sistema expedito para hacerlo y competencias técnicas en el país. Hoy esas competencias técnicas no están disponibles, por lo que hemos propuesto que esta regulación sea por homologación con entidades extranjeras reconocidas por el ISP. En muchas de ellas gran parte de los dispositivos -que actualmente se venden en Chile-, ya se sometieron a evaluaciones por lo que no tiene sentido tener que volverlo a hacer localmente. Eso evidentemente tendría impacto en los tiempos y en los costos.

Por último, y por regla general, una vez dictada una ley, el organismo correspondiente tiene un plazo de 90 días para dictar el reglamento, y dicho reglamento debe estar implementado en 6 meses. Lo que nos preocupa es que, si en 6 meses debemos registrar 250.000 dispositivos médicos, eso podría generar un entendible colapso en el ISP, lo que eventualmente generaría problemas en la cadena de abastecimiento. Creemos que un proceso como este debe tomar entre 3 y 5 años, de acuerdo con la experiencia de otros países.

Por otro lado, la prohibición de ingreso de “visitadores de dispositivos médicos” a los hospitales es una norma que carece totalmente de sentido y revela un desconocimiento de lo que nuestro sector hace. Confunde al usuario con los pacientes. El usuario son los profesionales de la salud y el paciente es el destinario final del dispositivo médico, a quien se debe brindar seguridad y calidad en los insumos. En una importante cantidad de casos, nuestro personal se hace parte con asesoría presencial a los usuarios en de los hospitales, tanto en quirófanos, laboratorios, áreas de equipamiento médico, por lo que consideramos que la implementación de dicha medida no solo es desaconsejable por la seguridad del paciente, aparte de enfrentarse a la realidad hospitalaria. Esto también la hemos hecho ver ante quienes corresponde, sin que hasta la fecha estemos logrando modificarla.

Confiamos en que nuestro intenso trabajo, el sentido común y la sensatez que caracteriza a nuestro sector nos permitan resolver junto con la autoridad estos temas que hoy preocupan a nuestros asociados y que son de interés general de la comunidad.