El martes 25 de abril, el director (s) del Instituto de Salud Pública (ISP), Heriberto García, participó como invitado en la sesión de la Comisión del Salud del Senado, instancia donde expuso sobre los riesgos sanitarios asociados a la adquisición de medicamentos en lugares no autorizados como la vía pública, redes sociales y ferias.
La sesión se centró en el proyecto de Ley, anunciado por el senador Juan Luis Castro e impulsado de manera transversal por el resto de los integrantes de la comisión, que busca sancionar con penas de cárcel la comercialización fraudulenta de productos farmacéuticos.
El director del ISP expresó la preocupación de las autoridades sanitarias tras 174 decomisos registrados en 2022, con más de 10 mil unidades posológicas de medicamentos incautados, hallados por las policías en diversas comunas de la Región Metropolitana.
“La normativa actual sólo permite la sanción penal a quienes trafican psicotrópicos y no así para quienes comercializan de manera ilícita otros medicamentos”, manifestó.
“Como fiscalizadores nos tenemos que limitar a las sanciones sanitarias, por lo tanto, dentro de los delitos y su establecimiento en el Código Penal, es necesario ajustarse a los conceptos ya sanitariamente establecidos, para así permitir la dualidad de sanción (sanitaria y penal) facilitando además la denuncia al ISP”, agregó.
Cadena de suministro
En la comisión también expuso Camila Silva, jefa de la División de Políticas Públicas (Dipol) del Ministerio de Salud, quien manifestó algunas observaciones al proyecto para futuras indicaciones.
“La cadena de suministro para la venta ilegal de medicamentos puede iniciarse en cualquier nivel y tipo de establecimiento farmacéuticos autorizados o no. No solo deben considerarse como materia a tratar en el proyecto la distribución desde las farmacias hacia el comercio ilegal; sino que desde cualquiera de los componentes de la cadena de distribución”, indicó.
En la reunión también se abordó el riesgo de medicamentos falsificados que han sido incautados, como el caso de la Fentermina (inhibidor del apetito), Melipass entre otros, además de la prescripción indiscriminada de recetas por parte de algunos profesionales de la salud, para lo cual se estudiarán sanciones.
