Diecisiete ejecutivos de las cadenas Ahumada, SalcoBrand y Cruz Verde, y de los laboratorios Recalcine, Chile, Grünenthal, Pharmatrade y Medipharm, son investigados por el delito de alza fraudulenta de precios.
Por el delito de alteración fraudulenta de precios fueron imputados 17 ejecutivos de las cadenas de farmacias Ahumada, SalcoBrand y Cruz Verde, y de los laboratorios Recalcine, Chile, Grünenthal, Pharmatrade y Medipharm. Ayer, tras casi dos años de diligencias, los fiscales Luis Inostroza y José Morales -a la espera de peritajes clave como las pruebas y análisis a archivos contenidos en computadores incautados en 2009- formalizaron la investigación por el llamado «Caso Farmacias».
En una audiencia efectuada en el Séptimo Juzgado de Garantía, el fiscal entregó antecedentes de la supuesta alza concertada de precios de medicamentos, entre fines de 2007 y abril de 2008.
Según el Ministerio Público, en el ilícito habrían intervenido por SalcoBrand, el gerente general Roberto Belloni; el gerente comercial, Ramón Ávila; la jefa del departamento de precios, Mehilin Velázquez, y las category manager Claudia Carmona y Judith Carreño. Por Ahumada lo habrían hecho el ex gerente general Sergio Purcell, el ex gerente comercial Ricardo Ewertz y la ex subgerenta Paula Mazzachiodi. A ellos se suman las ex category manager Lissette Carrasco y Alejandra Araya. Mientras por Cruz Verde habrían intervenido el gerente del área farma, Ricardo Valdivia, y el category manager Cristián Catalán.
Por los laboratorios habrían participado, según la fiscalía, el ex gerente general de Recalcine, Marcelo Flores; el jefe de ventas de Grünenthal, Gonzalo Izquierdo; el Key Account Management de Chile, Fernando Solovera; la gerenta de ventas de Pharmatrade, Cecilia Rojas, y el gerente general de Medipharm, Mario Zemelman.
El fiscal Inostroza sostuvo que desde noviembre de 2007, cuando las farmacias sostenían una competencia que las llevó a vender medicamentos al costo, los ejecutivos de laboratorios se contactaron con éstas para servir de intermediarios entre las tres cadenas. Lo anterior para coordinar alzas de precios de fármacos comercializados a un menor valor. «La eficiencia de este mecanismo y su implementación permitió que las farmacias alzaran concertadamente los precios y, de esta forma, alteraran los valores que habrían tenido en caso de que hubiera seguido operando una efectiva competencia», explicó el prosecutor.
La fiscalía solicitó que todos los imputados quedaran bajo medida cautelar de firma mensual y un plazo de un año para concluir con la investigación. No obstante, el magistrado Freddy Cubillos mantuvo la obligación para 15 ejecutivos -cuyos abogados no objetaron la petición del fiscal- y otorgó 180 días para el desarrollo de las pesquisas.
Los abogados defensores de Araya y Carrasco alegaron que éstas no eran responsables de lo ocurrido y que la medida cautelar, si bien es de una intensidad menor, no era necesaria para asegurar su presencia en el proceso.
Fue entonces cuando el fiscal usó parte de las declaraciones que ambas prestaron en la indagatoria para dar cuenta del «mecanismo» supuestamente usado para acordar los precios de los medicamentos.
Inostroza reveló que Araya había declarado lo siguiente: «(La jefa) me explicó que vendrían de laboratorios a entregarme una lista, por lo que tenía que preocuparme que se pusieran los precios que venían en la lista. Recién ahí tomé conocimiento de estas alzas».
En su testimonio, la mujer contó que primero llegó Recalcine con una lista. «Fue Marcelo quien la entregó. La lista era una hoja excel . Traía el nombre del producto y un solo precio y, en ese momento, conversamos que la mitad de la lista la subía Fasa y la otra mitad SalcoBrand o Cruz Verde. Se le puso una fecha, y no recuerdo cuál, para realizar el alza. También se hizo con el Laboratorio Royal Pharma», precisó la ex ejecutiva de Fasa.
Fiscalía no descarta formalizar a otros ejecutivos
El fiscal a cargo de la investigación, Luis Inostroza (de la Fiscalía Centro Norte), explicó a la salida de la audiencia de formalización que los antecedentes presentados ante el Tribunal son principalmente correos electrónicos y declaraciones de algunos ejecutivos de las cadenas de farmacias y laboratorios. Precisó que esta información «a estas alturas le permite al Ministerio Público estimar que el delito de alteración de precios se ha cometido, cómo habría sido la forma en que ello ocurrió y cuál es la participación de cada uno».
Tras este paso, la Fiscalía tiene 180 días para recabar más información y continuar la investigación, la que podría alcanzar a más de los 17 ejecutivos.
«Hoy las personas que han sido formalizadas son aquellas respecto de las cuales el Ministerio Público tiene antecedentes para llevar a cabo esta diligencia. Evidentemente existe por parte de los querellantes la intención de que podamos incluir a otros sujetos, pero eso depende de los antecedentes que podamos recabar de aquí en adelante para poder determinar la participación de otras personas», agregó.
Inostroza, además, señaló que la Fiscalía no descarta alcanzar un acuerdo extrajudicial con los imputados -similar a lo ocurrido en el caso D&S-Falabella-, «aunque hasta el momento no se ha conversado nada».
«Estábamos esperando esta audiencia. Ésta es una buena instancia para iniciar conversaciones de ese tipo. Pero eso depende de la defensa (…) y eso parte de la base de que las víctimas puedan ver satisfechas sus pretensiones», señaló.
Los hitos: demanda de la FNE, acuerdo extrajudicial y formalización
Diciembre de 2008
La Fiscalía Nacional Económica (FNE), liderada en ese entonces por Enrique Vergara, presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una demanda contra las farmacias Fasa, Cruz Verde y SalcoBrand por un alza concertada de precios de 222 remedios, entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Marzo de 2009
Tres meses después de la demanda, Fasa -controlada por esos días por José Codner- llegó a un acuerdo extrajudicial con la FNE, en el que reconocía la concertación con algunos laboratorios y las otras dos cadenas de farmacias para subir el precio de los medicamentos. La decisión fue impugnada por Cruz Verde, que acudió a la Corte Suprema y generó un quiebre en el directorio de la firma, compuesta por representantes de Falabella y las AFP.
Marzo de 2009
Días después, el diputado del PRI Jaime Mulet presentó una denuncia contra los ejecutivos involucrados en el proceso. La Fiscalía Centro Norte inició una investigación al mando del fiscal Luis Inostroza, incautando computadores de las oficinas de las firmas farmacéuticas y de laboratorios.
Abril de 2009
Fasa inició un plan de compensación por $2.500 millones para los clientes afectados por el alza de precios.
Febrero de 2011
Tras casi dos años de investigación, la Fiscalía Centro Norte anunció la formalización de 18 ejecutivos de las tres cadenas y de laboratorios por «alteración fraudulenta de precios».
Ayer se realizó la audiencia de formalización, en la que el Tribunal dio 180 días para que el Ministerio Público investigue los ilícitos denunciados.
Fuente: El Mercurio
