Opinión: Ley de fármacos, cuando el remedio es peor que la enfermedad

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REPORTAJES_FOTO_ERGOTAMINASHace ya un año, en mi columna “El paso en falso de Chile: Acceso a
los medicamentos” llamé la atención sobre como el sistema de propiedad industrial e intelectual se transformó en un complejo entramado legal para preservar el negocio de unos pocos, especialmente en un ámbito tan sensible como es la salud pública.

Sin embargo no sólo por medio del sistema de propiedad industrial e intelectual se crean artificiales barreras regulatorias que reducen la competencia y por ende estimulan el aumento de precio de los medicamentos.

Durante este último año el ministerio de Salud ha anunciado con bombos y platillos la implementación de una política de acreditación de Bioequivalencia de medicamentos, e impulsado en forma contumaz un proyecto de Ley de Fármacos que se le “vende” a la ciudadanía como si fuera literal y paradójicamente, el remedio para todos los males.

Ello, en circunstancias que se trata de un caso paradigmático en el cual una bien intencionada política pública, por su irreflexiva y precipitada implementación puede irrogar un tremendo perjuicio a los mismos ciudadanos que dice querer resguardar.

En efecto, se ha sostenido erradamente que la Ley de Fármacos y el cumplimiento de las exigencias nacionales en materia de Bioequivalencia, traerán consigo la disminución de precios de los medicamentos, toda vez que facilitara la intercambiabilidad entre un medicamento y otro, pudiendo el paciente optar por un producto genérico cualquiera.

A primera vista la propuesta parece atractiva y razonable, y mediáticamente resulta políticamente beneficiosa para el gobierno. ¿Quién podría oponerse a la promesa de rebaja de precios de medicamentos que se formula?

El problema es que contrariamente a lo que se dice o intuye, la Ley de Fármacos está lejos de traer consigo los beneficios para el bolsillo del consumidor que demagógicamente se promete. Al contrario, cualquier análisis serio permite advertir que se trata de una política pública profundamente regresiva de la cual solo cabe esperar un aumento de precios de medicamentos por la disminución de oferta de los mismos.

Muchos medicamentos no serán bioequivalentes pues los laboratorios privilegiarán invertir las elevadas sumas que se requieren en la bioequivalencia sólo de aquellos productos que ofrezcan un mejor retorno comercial, y los restantes remedios que por años han sido prescritos y dispensados por médicos en Chile con seguridad y eficacia, lisa y llanamente desaparecerán.

Así, el consumidor deberá optar por adquirir únicamente el medicamento de marca internacional y elevado costo o algunos de los pocos genéricos de marca nacional que opten por la bioequivalencia.

Lo más probable es que de los pocos medicamentos sobrevivientes, las farmacias a su vez incentivarán la intercambiabilidad por aquel que corresponda a la marca de la propia cadena o bien por aquel elaborado por un laboratorio integrado verticalmente con la misma farmacia, de manera de maximizar sus utilidades.

No hay que ser economista para entender que a igual demanda de medicamentos y menor oferta y alternativas, los precios subirán.

Según un estudio de los economistas Jorge Quiroz y Felipe Larraín (sí, nuestro actual ministro de Hacienda) elaborado en el año 2003, la implementación de una política pública como la que pretende el ministerio de Salud debiera implicar un alza promedio de aproximadamente 30%.

¿Realmente queremos que ello ocurra en Chile?

Nuestra política nacional de medicamentos ha probado a lo largo de los años ser extraordinariamente exitosa, con un sistema balanceado que permite la coexistencia tanto de fármacos innovadores, como de versiones genéricas de marcas nacionales, genéricos sin marca, compitiendo agresivamente.

Más aún, de acuerdo a estudios internacionales, Chile es el segundo país de Latinoamérica -solo superado por Colombia- donde se recetan más genéricos precisamente gracias al impulso competitivo que representan los distintos fármacos de laboratorios nacionales.

¿Tiene entonces sentido una regresiva Ley de Fármacos como la impulsada por el Ministerio de Salud? La respuesta dependerá exclusivamente de si nos importa o no el impacto que ella tendrá en el precio de los medicamentos.

Si NO nos importa que exista menos competencia y mayor precio, bienvenida Ley de Fármacos.

Si nos importa el impacto en el acceso a los medicamentos, digamos las cosas por su nombre y no confundamos a la opinión pública: en el caso de la Ley de Fármacos el remedio será peor que la presunta enfermedad.

Gabriel Zaliasnik, Abogado, Profesor de Derecho Penal Universidad de Chile y especialista en materias de propiedad intelectual y regulación farmacéutica.

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