Esta semana la Cámara del Senado despachó al ejecutivo el proyecto de ley que reconoce y garantiza los derechos fundamentales de las personas con enfermedades mentales y de quienes experimentan una discapacidad intelectual o síquica.

La iniciativa, que se encuentra a la espera de que el presidente Sebastián Piñera la promulgue, estipula que las personas tienen derecho a ejercer su consentimiento libre e informado respecto a tratamientos o alternativas terapéuticas que les sean propuestos.

El Ministro de Salud, Enrique Paris, enfatizó en que esta “es una ley que tiene por finalidad reconocer la libertad personal y la integridad física de la personas que sufren una enfermedad mental o que viven con una discapacidad”.

Para ello, el proyecto define a la Salud Mental como “un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades puede realizarlas, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar y contribuir a su comunidad”. Respecto a niños y adolescentes, el texto asegura que estos tienen “la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico”.

Sobre las personas con discapacidad psíquica o intelectual, se define que “teniendo una o más deficiencias, sea por causas psíquicas o intelectuales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Un punto importante tratado en el escrito fue sobre las regulaciones para la hospitalización psiquiátrica. Se estipuló que esta debe ser entendida como “una medida terapéutica excepcional y esencialmente transitoria, que sólo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficios terapéuticos en comparación con el resto de las intervenciones posibles”.

Para dar cumplimiento a su ejecución, se realizaron múltiples modificaciones a la Ley 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, con el fin de adaptar su contenido a las disposiciones del proyecto.

Durante la discusión, se valoró la iniciativa de garantizar el derecho de las personas con enfermedades mentales y con discapacidad intelectual o síquica. Sin embargo, estipularon que aún queda mucho por hacer respecto a esta materia, la cual ha cobrado fuerza con el aumento de consultas asociadas a la Salud Mental producto de la pandemia.