Contraloría ratificó que Seremis de Salud pueden fiscalizar recintos públicos y privados

La Contraloría General de la República (CGR) ratificó que las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Salud pueden ejercer sus facultades de fiscalización en recintos públicos o privados sin autorización de sus dueños. Esto producto de la pandemia por COVID-19 y debe estar bajo los términos previstos en el Código Sanitario.

El senador Alejandro Navarro junto con la Corporación de los Derechos del Pueblo instaran al ente fiscalizador a aclarar la facultad de los organismo sanitarios de ingresar a recintos privados, sin la autorización de sus moradores y con auxilio de la fuerza pública.

En un comunicado, Contraloría recordó que el país se encuentra bajo el estado de excepción constitucional de Catástrofe, por calamidad pública. “En ese contexto, la autoridad sanitaria ha dispuesto a través de resoluciones exentas, una serie de medidas tendientes a impedir los contagios por Covid-19 entre la población, con el objeto de proteger la salud de todos los habitantes del país, con ocasión de celebraciones en época de Fiestas Patrias, Navidad y otras, en determinados lugares o recintos tanto públicos como privados”, indica el dictamen del organismo.

Respecto a las facultades de las Seremis de Salud, la entidad mencionó que “el inciso primero del artículo 155 del Código Sanitario señala que ‘para la debida aplicación del presente Código y de sus reglamentos, decretos y resoluciones del Director General de Salud, la autoridad sanitaria podrá practicar la inspección y registro de cualquier sitio, edificio, casa, local y lugares de trabajo, sean públicos o privados’”.

Además, el documento firmado por el contralor Jorge Bermúdez, enfatiza en la importancia de dar prioridad al bien colectivo por sobre intereses privados. “Cuestionar la señalada potestad primacía a los intereses privados de los propietarios por sobre los del conjunto de la comunidad -destinataria última de las medidas restrictivas impuestas por la autoridad sanitaria-, provocaría un desbalance que terminaría mermando significativamente la acción administrativa en el control de la pandemia».

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