El directorio de la Clínica Las Condes (CLC), presentó una querella contra un exgerente general de la empresa por multimillonarios perjuicios financieros en el marco de la epidemia, tras recibir a pacientes con Covid-19 de Fonasa.

La firma de salud interpuso una acción penal contra el ingeniero comercial Fredy Jacial -quien fuera hombre de confianza de su presidente, Alejandro Gil- por el delito de «administración desleal», acusándole por un daño de casi 8.600 millones de pesos al capital social de la compañía durante el ejercicio de sus funciones, según consignó el diario La Segunda.

Los perjuicios que acusa la clínica privada se deben a la atención de pacientes con Covid-19 de Fonasa «en exceso». luego de la exigencia que impuso el Ministerio de Salud a las clínicas privadas de aumentar su capacidad de camas críticas para recibir a los afiliados del sistema público en abril del año pasado. Esto sucedió entre el 11 de mayo y el 11 de agosto de 2020 durante la administración de Jacial.

En la acción penal presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, se indica que la clínica superó con largueza las 64 camas críticas que había establecido el Minsal para dicho establecimiento al 9 de junio del año pasado, a una cifra que le significó 8.598 millones de pesos en pérdidas a su patrimonio, pues el costo de sus tratamientos sobrepasaba a los pagos que Fonasa realizaba por cada uno de sus afiliados.

«Hay días en que se contaba con más de 117 pacientes Fonasa derivados de la red de salud pública. Así ocurrió, sólo por dar un ejemplo demostrativo, el día 11 de junio de 2020. Por lo que el exceso de 64, que en este caso del ejemplo sería 53 (más de los que se podía tener), son pacientes Fonasa derivados que CLC no debía haber admitido», asevera la querella.

De acuerdo con el texto, Jacial incumplió con su responsabilidad de reportar el aumento de pacientes con coronavirus al directorio de la sociedad anónima abierta, «omitiendo informar al directorio dicha circunstancia».

En octubre del año pasado, la CLC también se querelló por «administración desleal» contra Jaime Hagel, otro exgerente general, por la afectación del patrimonio social por más de 2.800 millones de pesos, a raíz de un crédito entre compañías relacionadas aprobado a finales de 2019, cuando la empresaria Cecilia Karlezi se convirtió en controladora de la firma.

En enero, en tanto, el directorio de la clínica anunció acciones jurisdiccionales en contra del fisco, acusando perjuicios provocados por las medidas gubernamentales adoptadas en el marco de la epidemia.

En la demanda, ya materializada, la clínica privada manifiesta que, hasta esa fecha, no habían recibido de Fonasa el pago por los pacientes con Covid-19 derivados a través de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) de Minsal.