Entre 1984 y 1985, la empresa sueca Boiden Mineal AB, vertió cerca de 20.000 toneladas de residuos tóxicos, primando el arsénico. Quedaron a la intemperie y después de 30 años ese hecho sigue poniendo en riesgo la salud y seguridad de las personas que habitan en Arica.

Se calcula que hasta la fecha 12.000 personas se han visto afectadas por la contaminación y otro grupo (del cual no se ha entregad cifra) ha perdido la vida. El lunes 7 de junio, un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió que, entre otras cosas, estos residuos podrían contaminar los sistemas de agua potable y deploraron que no se haya puesto remedio a esta situación pese al paso de las décadas.

Entre los problemas de salud que se han denunciado hay casos de cáncer, dolores articulares, dificultades respiratorias, alergias, anemia, abortos y defectos de nacimiento relacionados con la exposición a esta basura. “Algunas mujeres en edad reproductiva que jugaron en la pila de residuos cuando eran niñas no han podido concebir”, añadieron.

«Los residentes de Arica siguen sufriendo graves problemas de salud causados por el vertedero. A la comunidad se le ha negado el acceso a la justicia durante años, ha recibido escasa o nula remediación, y aún hoy se ignora a quienes necesitan atención médica”, apuntaron.

Los relatores recordaron que la empresa sueca le pagó a la compañía local Promel Ltda para que recibiera los residuos y afirmaron que tanto Suecia como Chile son responsables, por lo que ambos países deben cooperar para solucionar el problema.

Los expertos acusan que Suecia tenía conocimiento de que la basura tóxica se estaba vertiendo en el norte de Chile; sin embargo, no se ajustaron a sus obligaciones internacionales, además de que cuando solicitaron a Chile el permiso para el vertido, se aseguró que los residuos no eran tóxicos.

En 2013, 796 residentes de Arica, entre ellos defensores de los derechos humanos, iniciaron acciones legales en Suecia contra Boliden. El Tribunal de Apelación del Norte de Norrland sostuvo que las reclamaciones de las víctimas estaban limitadas en el tiempo, y el Tribunal Supremo sueco se negó a conocer el caso.

No obstante, las legislaciones medioambientales modernas tienen en cuenta los periodos de latencia de la exposición a los tóxicos y establecen que cualquier barrera temporal debe contarse desde el momento de la manifestación evidente del daño. Por este motivo, la negativa del Tribunal Supremo equivale a una denegación de justicia ambiental, en violación del derecho a un juicio justo reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Los expertos criticaron asimismo a las autoridades sanitarias de Arica por permitir la importación de residuos tóxicos sin realizar análisis químicos. Además, permitieron la construcción de viviendas en la zona contaminada y esas casas todavía son ocupadas por ciudadanos chilenos, migrantes y solicitantes de asilo en condiciones de pobreza o extrema pobreza.

«Las autoridades de Suecia y Chile deben cooperar y poner fin a las violaciones de los derechos humanos que se producen desde hace mucho tiempo», enfatizaron los expertos. Subrayaron que se deben tomar medidas urgentes para devolver los residuos peligrosos a Suecia de forma segura para que sean eliminadas adecuadamente.

Los relatores pugnaron por remedios efectivos a los actuales y antiguos residentes de Arica, “incluyendo una atención sanitaria adecuada, reubicación y acceso a una vivienda que garantice una vida digna”. Concluyeron que, de lo contrario, los efectos sobre los derechos humanos sufridos por la comunidad no harán más que acentuarse con el paso del tiempo.