La Organización Mundial de la Salud publicó recientemente nuevas orientaciones para promover la atención en salud mental desde una perspectiva que respete los derechos humanos de los pacientes. Estas, además de abarcar la propia atención, también considera el apoyo en la vida cotidiana como: acceso a alojamiento y vínculos con servicios de educación y de empleo.

La organización asegura que esta atención se presta, en su mayoría, en recintos psiquiátricos donde “los abusos de los derechos humanos y las prácticas coercitivas siguen siendo demasiado habituales”. Por ello, con esta iniciativa se intenta demostrar que este enfoque es eficaz y rentable.

En las nuevas “Orientaciones sobre los servicios de salud mental comunitarios: promoción de enfoques centrados en la persona y basados en los derechos”, la OMS afirma que la atención de la salud mental debe sustentarse en un enfoque basado en los derechos humanos, tal como se recomienda en el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2020-2030 de la OMS, aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2021.

“Estas nuevas y exhaustivas orientaciones son un argumento de peso para acelerar la transición desde los servicios de salud mental que recurren a la coerción y se centran casi exclusivamente en el uso de medicación para controlar los síntomas de las enfermedades mentales, hacia un enfoque más holístico que tenga en cuenta las circunstancias y los deseos específicos de la persona y ofrezca una variedad de enfoques para el tratamiento y el apoyo”, afirmó la Dra. Michelle Funk, del Departamento de Salud Mental y Consumo de Sustancias, quien dirigió la elaboración de las orientaciones.

Según indica la OMS, distintos países han intentado reformar sus políticas sobre salud mental, inducidos por los tratados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006. Sin embargo, son pocos los países que han establecido los marcos necesarios para cumplir los cambios de gran alcance que exigen las normas internacionales de derechos humanos.

Hasta la fecha las prácticas coercitivas siguen siendo medidas habituales de control, además del ingreso y el tratamiento forzoso, la contención manual, física y farmacológica, las condiciones de vida insalubres y los abusos físicos y verbales, vulnerando así los derechos humanos de los pacientes, esto, sin distinción del países desarrollados o no desarrollados.

Según las últimas estimaciones de la OMS, los gobiernos destinan menos del 2% de sus presupuestos sanitarios a la salud mental. Además, la mayor parte del gasto declarado en esta materia se destina a los hospitales psiquiátricos, excepto en los países de ingresos altos, donde la cifra ronda el 43%.

En las nuevas orientaciones, dirigidas principalmente a los responsables de la organización y gestión de la atención de la salud mental, se detalla lo que se necesita en ámbitos como la legislación, las políticas y la estrategia en materia de salud mental, la prestación de servicios, la financiación, el desarrollo del personal y la participación de la sociedad civil para que los servicios de salud mental se ajusten a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Incluye ejemplos de servicios de salud mental basados en la comunidad de países como Brasil, India, Kenia, Myanmar, Nueva Zelandia, Noruega y el Reino Unido que han demostrado tener buenas prácticas respecto de las medidas no coercitivas, la inclusión de la comunidad y el respeto de la capacidad jurídica de las personas (es decir, el derecho a tomar decisiones sobre su tratamiento y su vida).

Los servicios incluyen apoyo en caso de crisis, servicios de salud mental prestados en hospitales generales, servicios de aproximación, enfoques de vida asistida y apoyo prestado por grupos de pares. Se incluye información sobre la financiación y los resultados de las evaluaciones de los servicios presentados. Las comparaciones de costos realizadas indican que los servicios comunitarios presentados producen buenos resultados, son los preferidos por los usuarios y pueden prestarse a un costo comparable al de los servicios de salud mental convencionales.

“La transformación de la prestación de servicios de salud mental debe, sin embargo, ir acompañada de cambios significativos en el sector social”, dijo Gerard Quinn, Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Hasta que eso ocurra, continuará la discriminación que impide a las personas con trastornos de salud mental llevar una vida plena y productiva”.