Los últimos resultados de la Encuesta Casen en Pandemia 2020, han entregado datos relevantes y poco alentadores en cuanto a la situación de pobreza por ingresos de las personas y los hogares; los que repercuten en las áreas de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos.

Uno de los problemas que produce la desigualdad es la inseguridad alimentaria, la que se define como la condición que resulta de un acceso incierto o nulo a alimentos nutricionalmente adecuados y socialmente aceptables.

En julio de 2020, la ONU, por medio de sus agencias la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (WFP), y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), lanzaron el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020, el cual revela que en Chile el 5,6% de la población sufre de algún tipo de inseguridad alimentaria y el 3,8% padece inseguridad alimentaria severa.

Para la académica de la Universidad de Chile, Dra. Lorena Rodríguez, los resultados de la Encuesta Casen 2020 podrían incidir en el incremento de la inseguridad alimentaria. “Es decir, la población que está con menos acceso y menos disponibilidad, ya sea acceso físico y económico a alimentos saludables y nutritivos, se verá muy afectada y no estamos hablando sólo de hambre, estamos hablando de la falta de disponibilidad y consumo de alimentos saludables”.

Según destaca la también integrante del Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones (GTOP), “debido a la pandemia, se reconoce un cambio en el curso del descenso de la pobreza de los últimos 10 años y por primera vez se observa un aumento relevante, doblándose la cifra de pobreza extrema de 2,3% a 4,3% (no extrema: 8,6% a 10,8% y en Araucanía 17,4%). Pero lo más llamativo son las dolorosas cifras de desigualdad, que se resumen en que los ingresos provenientes del trabajo del 10% más rico son más de 400 veces superiores a los del 10% más pobre (en 2017 esto era sólo 39 veces más) esto es lo que llamamos desigualdad distributiva. Por eso, que no nos extrañemos después de las crisis sociales, ya que queda de manifiesto que las pandemias no son socialmente neutrales, no nos afectan a todos por igual”.

Tras el diagnóstico que realiza la académica y pensando en la escritura de la nueva constitución, resalta que “esto nos abre la oportunidad de plantear el derecho a la alimentación con los apellidos que conlleva: derecho a una alimentación saludable, inocua, pertinente culturalmente, de producción sostenible y soberana, y así ser incorporado en la nueva constitución como un derecho humano”.

El futuro ya no es la desnutrición

A nivel mundial la desnutrición sigue siendo un tema que distintas organizaciones se encuentran trabajando para subsanarla. En Chile, hace unas décadas, también había una preocupación por ella, pero en el último tiempo ha surgido también la preocupación por los altos índices de sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas derivadas de una dieta poco saludable, como hipertensión, diabetes, enfermedades al corazón y diversos tipos de cáncer.

En vista de esto, los expertos hablan de la sindemia global de desnutrición, obesidad y cambio climático, el cual se convierte entonces en el desafío primordial para la humanidad. “En el mundo estos problemas coexisten con al menos tres pandemias: la pandemia de malnutrición por déficit, la desnutrición y el hambre, la pandemia de la malnutrición por exceso, obesidad y sobrepeso, y la pandemia de cambio climático, las que nos exponen a un mundo en el cual la producción está haciendo cada vez menos sostenible con abuso de los recursos naturales, sequías, disminución de la biodiversidad, disminución del uso de suelos para cultivos, disminución de la pesca artesanal, monopolio de algunas industrias pesqueras y productoras de alimentos; abusando así de la producción de alimentos ultra procesados que son alimentos poco saludables y que rescatan muy poco de la alimentación natural”, recalca la investigadora.

Esta situación se ve más afectada aún en el contexto epidemiológico del Covid-19, que además se ve exacerbada y agravada por las condiciones de mal nutrición de la población. Por ello, para la experta la propuesta es a pensar en un “sistema alimentario sostenible y saludable que requiere de políticas públicas potentes para superar las malas condiciones en que nos encontramos, tanto a través de la incorporación constitucional del derecho a la alimentación, como de una ley de política nacional de alimentación y nutrición, unido a un conjunto de programas de proyectos y de estrategias que contribuyan a mejorar las condiciones sociales económicas educacionales y los entornos alimentarios”.