Recientemente, la Comisión de Salud de la Cámara del Senado presentó una moción para la creación de un estatuto que pretende asegurar, proteger y promover la salud mental de toda la población. En este se reconoce a la salud mental como un estado de bienestar emocional, psicológico y social que permite a las personas enfrentar tensiones en la vida diaria.

La moción presentada por las senadoras Goic y Von Baer, y los senadores Coloma, Lagos y Quinteros, establece que “la presente ley tiene por objeto llenar un vacío en nuestro ordenamiento jurídico consagrando el deber del Estado y organismos, públicos y privados, para asegurar, proteger y promover el cuidado de la salud mental”. Es deber del estado garantizar el máximo grado de bienestar de las personas, desde su nacimiento hasta la muerte.

Los autores sostienen que en materia de salud mental se deben desarrollar una serie de conductas positivas que permitan el cuidado, la evaluación y su recuperación, entendida ésta, como un estado de bienestar de la persona, en sus diversos ámbitos, para afrontar la cotidianidad de la vida.

“En dicha línea, es que tanto previo a la pandemia como en la actualidad los índices de enfermedades mentales y el uso asociado de medicamentos en Chile ha tenido una fuerte alza, lo que se manifiesta en altas tasas de depresión y otros trastornos del ánimo, las elevadas tasas de suicidio, entre otras estadísticas bien dramáticas y que como sociedad nos deben alertar”, argumentan.

Entre los puntos tratados, resalta que las políticas de salud mental deben impactar en las condiciones y espacios de vida que propician el desarrollo de esta enfermedad, y establecer mecanismos de participación de las personas para generar y potenciar las condiciones para el ejercicio de sus derechos.

Mencionan que las modificaciones que se pretenden introducir al ordenamiento jurídico nacional van en la línea de la prevención, el aseguramiento y promoción de la salud mental, apuntando a que todos los órganos del estado, los colegios, universidades, unidades productivas, entre otros, adopten la cultura de la salud mental y el ambiente sano de trabajo o convivencia, basados en el respeto y la dignidad de la persona humana.

El proyecto de ley busca consagra el deber de todos los órganos del Estado de velar por la salud mental de sus funcionarios; consagra la obligación de los empleadores, en los mismos términos; y obliga a todo establecimiento educacional a tener una política de salud mental, a su promoción y a capacitar a todos los miembros de la comunidad en la materia.

La iniciativa introduce modificaciones en las leyes N°20.370, N°20.248, N°18.575 y al Código del Trabajo, entre otras enmiendas.