El lunes 24 de enero, la Asociación gremial de Farmacias Independientes (AFFI Chile) solicitó a Contraloría General de la República investigar al ministro de la Secretaría General de la Presidencia Juan José Ossa y al Subsecretario del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez, por graves faltas a la probidad durante la tramitación de la Ley de Fármacos II.
Según la organización gremial, ambos funcionarios de gobierno habrían incurrido en una “omisión en el ejercicio de sus competencias, infracciones a la normativa sobre conflictos de interés e incumplimiento a los deberes de transparencia” durante la tramitación de la normativa que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, según consta el documento.
La solicitud, dirigida al Contralor Jorge Bermudez y firmado por Héctor Rojas Piccardo, presidente de AFFI Chile, espera que la entidad fiscalizadora dictamine que se “han cometido graves infracciones a la probidad y han renunciado indebidamente al ejercicio de sus competencias, al haber incorporado a una ‘asesora ad honorem’, que habitualmente gestiona intereses particulares de laboratorios farmacéuticos, en el trabajo de redacción de una indicación sustitutiva para la ley de fármacos 2, permitiendo que influyera significativamente en ella, de conformidad a los antecedentes de hecho y a los fundamentos de derecho que se exponen a continuación”.
Cabe destacar que, durante la semana pasada, el gremio solicitó al Senado suspender la tramitación del proyecto de Ley Fármacos II, tras la denuncia de un posible conflicto de interés de la asesora Andrea Martones.
Según la denuncia, Martones “ha influido directamente en este proyecto de ley mientras a la par representaba los intereses de laboratorios prestando servicios profesionales a una gremial de laboratorios farmacéuticos internacionales”.
La denuncia se basó en una factura de $16.019.300 por parte de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile (CIF) a Martones SPA, de la cual Andrea Martones es socia directora. La CIF, por su parte, desestima las acusaciones en su contra y argumenta que los pagos “corresponden al trabajo para el cual fue contratada la empresa Martones Spa que guarda única y exclusiva relación con el diseño del proyecto ‘La Ruta del Paciente’”.
