Los laboratorios internacionales Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Sinovac (representado por la Universidad Católica), presentaron esta semana ante la Corte de Apelaciones de Santiago reclamos de ilegalidad en contra de una decisión del Consejo para la Transparencia, que ordena a estas entidades a entregar informes y datos sobre los ensayos clínicos sobre la seguridad y eficacia de todas las vacunas que se han suministrado a la población chilena.
Según declararon las empresas productoras de vacunas contra el Covid-19, mantener bajo estricta reserva y confidencialidad los estudios de sus vacunas, puesto que estos “contienen información comercial estratégica de cada una de las compañías”.
A principios de junio de 2021, llegó una solicitud por transparencia al Instituto de Salud Pública (ISP) donde se requería información sobre los ensayos clínicos e informes de seguridad y eficacia de las vacunas contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, la entidad estatal se negó al requerimiento tras la negativa de los laboratorios.
Ante esto, según consigna el Diario Financiero, Pamela Vásquez Muñoz, recurrió al Consejo para la Transparencia, aludiendo al derecho de acceso a la información para que los datos le fueran compartidos. “Es de suma relevancia para la comunidad científica y población general, de modo de dar legitimidad a las decisiones en salud pública, respecto al uso de vacunas y su uso de emergencia en la pandemia sanitaria”, dijo la firmante.
El organismo liderado por Gloria de la Fuente acogió la petición y ordenó que los informes y los antecedentes de los ensayos clínicos fueran entregados, con el argumento que “la información es de “naturaleza pública” y la publicidad de los antecedentes “no tiene el mérito de afectar el desenvolvimiento competitivo de los mismos, toda vez que no se ha explicado en forma pormenorizada y especifica cómo su comunicación puede afectar su ventaja competitiva en el mercado”.
Desde Pfizer respondieron que “la información solicitada reviste el carácter de confidencial, y no deberá ser divulgada al público en general, pues contiene información comercial estratégica sensible cuyo conocimiento y uso por terceras personas (o países) podría afectar los derechos comerciales y económicos de ésta, tanto en Chile como en todo el mundo”.
En la misma línea, la defensa de AstraZeneca sostuvo que la divulgación de los ensayos clínicos e informes afectaría gravemente a la compañía. “La información solicitada consiste en un verdadero bien económico estratégico, afectándose su posición de ventaja competitiva al momento de divulgarse esta información al resto de la competencia, quienes se ahorrarán todos los esfuerzos incurridos por AstraZeneca para la elaboración, preparación y presentación de estos antecedentes”, sostuvo.
En el caso de CanSino, el laboratorio dijo que la información solicitada tiene un valor comercial por ser secreta. “Incluso más, Saval (distribuidor local en Chile de CanSino Biologics Inc.) no tiene acceso a la información sobre los estudios preliminares interinos, lo que es coherente con que CanSino Biologics Inc. reduce el número de sus empleados y colaboradores que pueden acceder al contenido de estos estudios. Con ello se busca reforzar la seguridad de la información, reduciendo el riesgo de ‘filtraciones’ que permitan a la competencia acceder a ella”, añadió.
La Universidad Católica -patrocinadora en Chile de los estudios clínicos realizados a la vacuna CoronaVac- dijo que la liberación de los antecedentes afecta directamente el interés del laboratorio Sinovac.
