La Cámara del Senado aprobó, en general durante julio el proyecto de ley que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo de diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de ser informado públicamente. Este surgió tras el análisis que realizó la Superintendencia de Salud, donde se reveló que un mismo examen puede tener una diferencia de hasta 12 veces del valor más bajo.

Tras esto, el proyecto de ley indica que “el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico realizados ambulatoriamente, de urgencia o electiva, tanto en horario hábil como inhábil, no podrá ser superior al 50% del valor asignado en el Arancel Modalidad Institucional de Fonasa. Por su parte, el precio de estas prestaciones realizadas en atención cerrada, tanto en horario hábil como inhábil, no podrá ser superior al 40% del referido arancel”.

La Comisión de Salud deberá formular indicaciones hasta mediados de mes, por lo que se encuentran en pleno proceso de escucha. La idea es conocer la impresión de todos los actores vinculados con la realización y costos de los exámenes, antes de redactar mejoras al texto para someterlo nuevamente a votación. Sin embargo, la iniciativa no ha sido bien recibida por parte de médicos especialistas y recintos de salud, quienes argumentan que este podría afectar la calidad de las prestaciones.

En las jornadas de escucha, la comisión de salud ha escuchado a la directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS Chile), la doctora May Chomalí; a la representante de la Sociedad Chilena de Radiología, la doctora Claudia Passano; el experto en gestión de salud, Rodrigo Alcoholado; el representante de la Sociedad de Medicina Nuclear, el doctor Christian Pérez; el representante de Más Médicos, el doctor Renato Acuña; y la gerente general de la Asociación Gremial de Dispositivos Médico de Chile (ADIMECH), Gabriela Garnham.

Todos aseguran la necesidad de transparentar la información médica pensando en el paciente, para que este se informe de todas las alternativas de atención antes de tomar una decisión. En esta línea, se resaltó que, en la actualidad, los pacientes no suelen conocer su ficha histórica al atenderse con distintos prestadores, lo que repercute en que los resultados de los exámenes no están disponibles en línea para toda la red de salud (pública y privada).

Respecto al punto de regular los presiones, los facultativos expresaron sus diferencias con la norma en primer trámite, argumentando que “generaría un ditrimento de la oferta y la calidad de los exámenes y procedimientos”, “retrasaría el diagnóstico oportuno ante el retraso de los resultados “, “las regiones se verían aún más relegadas en cuanto a acceso y calidad de la atención”, y “el gasto de bolsillo en salud se concentraría en los medicamentos y los exámenes solo representarían un 9,5% de este ítem”.

También se hizo ver que la premisa sobre la cual se elaboró el proyecto (las exacerbadas diferencias de precios entre prestadores por diversas prestaciones), sería tendenciosa puesto que “se requiere un estudio de costos que contemple todas las prestaciones, todos los prestadores y criterios como calidad, oportunidad de la entrega de resultados, acreditación y disponibilidad de agenda, entre otros”.

La Modalidad de Atención Institucional (MAI) o arancel FONASA como valor de referencia también fue declarado como “en desuso”, idea que fue apoyada por los senadores de manera transversal como también la necesidad de escuchar a todos los que soliciten expresar su opinión. “El fin es entre todos mejorar este proyecto”, sintetizó el presidente de la instancia, el senador Rabindranath Quinteros.